Antes de leer el proyecto | Columna en Fast Check

La decisión del gobierno de poner fin al programa «Yo Elijo Mi PC» ha generado un revuelo considerable, incluso al interior del oficialismo. Sin entrar a discutir si el programa debía eliminarse, focalizarse o rediseñarse, el episodio deja ver dos cosas: La primera, que a esta altura ya no sorprende: la dificultad estructural del Ejecutivo para comunicar sus decisiones. La segunda, que una discusión en apariencia técnica, en términos de eficacia y eficiencia, es también –e inevitablemente– política.

Es una debilidad que tendrá que subsanar cuanto antes, porque la discusión del Presupuesto 2027, el primero de esta administración, ya está en marcha. El proyecto se formula en un escenario fiscal estrecho –por decir lo menos– y con la clara definición política de concentrar los recursos. Concentrar supone elegir, priorizar, y eso, a su vez, supone dejar de financiar algo. Y ahí aparece la principal piedra de tope: mirando las reacciones a la eliminación del programa de Educación, parece que será realmente imposible cortar programas, incluso cuando tienen problemas y cuando los propios sistemas de evaluación del Estado así lo indican.

Las cifras son elocuentes. Todos los años, la Dipres evalúa entre 20 y 25 programas públicos, y en una proporción significativa de ellos el desempeño resulta deficiente. El proceso de monitoreo, por su parte, muestra que algo más de la mitad de los cerca de 700 programas presentan deficiencias en alguno de los criterios evaluados, lo que corresponde a más de US$ 20 mil millones.

La situación no deja de ser injusta para el actual gobierno. No fueron ellos quienes cavaron el hoyo y financiaron sistemáticamente programas con buenas intenciones a punta de deuda; pero les toca ellos hacerse cargo de ordenar, aunque sea un poco, las cuentas fiscales. Aún así, quienes tienen mayor responsabilidad en este escenario –la actual oposición, sobre todo– no parecen aquilatar la gravedad del asunto ni la urgencia de empezar a tomar decisiones difíciles para no seguir perjudicando a las generaciones venideras.

Por eso, el problema es más profundo que el déficit comunicacional del gobierno. Aun cuando el gobierno explique bien sus decisiones, nada indica que exista un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas para reducir gasto, y menos en programas que las propias evaluaciones cuestionan.

La razón, en gran medida, está en los incentivos de la política contemporánea, que premian tener rápidamente una postura y ser el primero en difundirla. Vivimos un momento ultramoralizante y, a la vez, ultrasuperficial: todo lo analizamos con categorías preconcebidas, simplonas, que poco recogen la complejidad de la realidad social y política. Eso vuelve predecible a la política, y probablemente la tramitación de este presupuesto no será la excepción: eslóganes y reacciones viscerales pensadas ex ante para ganar interacciones en redes. Difícilmente aparecerá una actitud responsable frente a un momento fiscal complejísimo ni el reconocimiento de que estamos gastando recursos en programas que el propio Estado sabe que funcionan mal.

Que el presupuesto sea una decisión política no es el problema. Decidir qué se financia y qué no es la tarea política por excelencia. El problema es que lo político sea cada vez menos un acto de deliberación y discernimiento, y más una disputa de consignas ya preparadas.