Más allá del consentimiento | Columna en Fast Check

Una denuncia de violación ocurrida en octubre de 2024 en la Universidad de Cornell volvió a ocupar los titulares de la prensa estadounidense la semana pasada. La razón es que, tras la decisión de la Fiscalía de cerrar la investigación penal sin presentar cargos, la denunciante interpuso una demanda civil contra siete estudiantes (los presuntos agresores) y la universidad. A esto se sumó la revelación de que la Fiscalía nunca había recibido la entrevista policial en la que la joven declaró haber sido violada. Estos antecedentes, junto con la intensa atención mediática y la intervención de la gobernadora de Nueva York, llevaron a reabrir la investigación.

Los hechos apuntan a una estudiante de veinte años que participó en una fiesta universitaria, consumió alcohol y drogas, y mantuvo relaciones sexuales con siete hombres. La denuncia expresa que fue drogada y agredida sexualmente. Las declaraciones iniciales, sin embargo, complican la interpretación de lo ocurrido y han sido utilizadas por las defensas de los acusados. Al relatar los hechos a sus compañeras, la joven no los habría descrito como una agresión sexual e incluso habría asegurado a uno de los involucrados que nada de lo sucedido había sido ilegal. Todo esto ha terminado, inevitablemente, en intentar establecer si existió o no consentimiento.

Es claro que determinar si hubo delitos corresponde a la justicia, pero el caso plantea una pregunta que excede el ámbito penal: ¿basta el consentimiento para considerar una relación sexual como aceptable? En The Case Against the Sexual Revolution, la escritora británica Louise Perry cuestiona esa premisa. Una de sus críticas a la revolución sexual es haber instalado la idea de que prácticamente cualquier conducta sexual resulta legítima mientras exista consentimiento entre adultos. El problema, advierte, es que el consentimiento constituye apenas un mínimo. Las decisiones sexuales no ocurren en el vacío, sino que están atravesadas por expectativas afectivas, presiones sociales, diferencias de poder y situaciones de vulnerabilidad.

Una relación sexual puede ser consentida y, sin embargo, estar marcada por la indiferencia, la humillación o el aprovechamiento de otra persona. El cumplimiento de las exigencias mínimas de la ley no convierte necesariamente una conducta sexual en algo realmente deseable o moralmente aceptable.

Esto no significa que la alternativa sea volver a una moral basada en la vergüenza o la culpa femenina. Las insuficiencias de la revolución sexual no se resuelven recuperando antiguos prejuicios ni exigencias desproporcionadas hacia las mujeres. Se trata, más bien, de reconocer que la libertad sexual también supone deberes y responsabilidades hacia los demás, y que la mediación del consentimiento, no los hace desaparecer.

El psicólogo estadounidense Adam Omary, al analizar el caso Cornell, observa que cuando el consentimiento se convierte en nuestro único lenguaje moral, terminamos clasificando las experiencias sexuales en dos categorías únicas: aquellas consentidas, respecto de las cuales pareciera no haber nada que cuestionar, y aquellas no consentidas, que constituyen delitos. Con ello, desaparece el amplio espacio de posibilidades entre ambas, muchas de las cuales pudiendo ser dañinas, terminan siendo relativizadas por el hecho de ser consentidas.

El consentimiento es indispensable. Pero reducir toda nuestra ética sexual a su existencia implica conformarnos con muy poco. La pregunta no puede limitarse a si alguien aceptó participar en determinada conducta. También debería importarnos cómo tratamos a esa persona y si somos capaces de reconocer en ella algo más que un medio para satisfacer nuestros deseos.