Medidas migratorias: ni eficientes ni dignas

Dos iniciativas recientes del gobierno han reabierto el debate migratorio. La primera es una indicación al proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa, que obliga a organismos públicos a entregar datos personales –domicilio, teléfono, correo– de extranjeros sujetos a procedimientos migratorios. La segunda es un proyecto que restringe el acceso de inmigrantes en situación irregular a beneficios fiscales, entre ellos atención de salud y cobertura educacional, priorizando a nacionales.

El problema práctico es directo. Estas iniciativas no apuntan a quienes delinquen o participan en redes de crimen organizado, sino a personas que van al consultorio o llevan a sus hijos al colegio. El efecto previsible no es mayor orden, sino el repliegue de los mismos migrantes que evitarán los servicios de salud y donde sus niños dejarán de asistir a clases. Esto difícilmente reducirá la irregularidad, más bien, la movilizará hacia una mayor invisibilidad. Y sabemos que la inmigración invisible es más difícil de gestionar. No es casual que la propia ministra de Salud haya salido a desmarcarse de la medida, abriendo un nuevo flanco al interior del gobierno al mostrar descoordinación e incoherencia.

Pero hay además un límite que la política no debería cruzar, independiente de los resultados. La dignidad humana –concepto tan manoseado pero que encuentra su origen en la tradición cristiana– reconoce en cada persona un respeto mínimo por su condición moral, que ninguna situación jurídica puede negar. Eso incluye al migrante en situación irregular. Una política que convierte al consultorio o la escuela en punto de control migratorio no solo es ineficiente, sino que, lo que es peor, trata a seres humanos como medios para un fin. Cruzar ese límite tiene un costo mucho más allá de lo político.

Esto no significa volver a la promoción idealista de una política sin fronteras ni límites. Durante años gran parte de la izquierda trató la migración como un imperativo moral absoluto, donde cualquier reparo era xenofobia y cualquier límite era simple crueldad. Y fueron los barrios populares los que pagaron esa irresponsabilidad que parte de la élite política prefirió ignorar. Hoy esa misma izquierda no pierde oportunidad de instalar el relato de un gobierno autoritario y de extrema derecha.

Medidas como estas –que no reducen la irregularidad de la migración ni combaten el crimen organizado, pero sí vulneran principios básicos– les regalan el argumento.

Nada de lo anterior implica que Chile no deba fortalecer sus controles migratorios ni establecer límites más claros a quienes ingresan sin cumplir los requisitos legales. Ese debate es legítimo y necesario. Pero hay formas correctas e incorrectas de conducirlo. Las medidas que criminalizan el acceso a servicios básicos o que transforman al Estado en agente de persecución de personas vulnerables no son política migratoria; son señales –o metáforas. Y las señales sin eficacia real solo agravan el problema.