Señor Director:
Un escándalo inescrupuloso. Así ha sido la tramitación dilatoria de la multa del voto obligatorio de parte del Gobierno y casi todo el oficialismo. Los efectos de esta tardanza son graves. El más inmediato es el riesgo de que la obligación de votar quede sin multa, y termine como voto voluntario. El voto obligatorio beneficia a la democracia: aumenta la participación, reduce sesgos socioeconómicos, evita hablar solo a nichos convencidos, y da legitimidad al resultado. Retroceder en esto es muy gravoso para Chile.
El segundo efecto radica en instalar la idea de que las reglas electorales en Chile no son permanentes, sino negociables según la coyuntura. Que estemos discutiendo de nuevo si el voto obligatorio tendrá sanción —cuando la Constitución ya lo fijó en 2022— muestra una inconsistencia institucional severa. Esto debilita la confianza en el sistema, y podría abrir innecesariamente una discusión sobre la legitimidad de los resultados.
Por último, la jugada del Gobierno de amarrar la tramitación del voto obligatorio con la reforma que limita el voto de extranjeros a elecciones locales y regionales, es una trampa que evidencia oportunismo electoral, y desnuda su temor ante el voto migrante. Es crucial presionar. Los electores no son una moneda de cambio y la institucionalidad no puede depender de negociaciones circunstanciales. Lo que está en juego es la democracia, principio que —según el Presidente Boric— no debe ser nunca tratado apresuradamente.
Cristián Stewart es director ejecutivo de IdeaPaís. Carta publicada en La Segunda, el 16 de julio
