Señor Director:
En 2024, mientras se votaba la multa al voto obligatorio, el Gobierno intentó que la sanción recayera sólo en chilenos. La indicación fue inadmisible y la ley se salvó por muy poco: más de cuarenta diputados oficialistas se abstuvieron o votaron en contra. Hoy repite la presión: promete apoyar la multa, pero sólo si antes reduce el sufragio migrante a las urnas comunales. Misma maniobra, distinto envoltorio.
La Constitución manda votar; supeditar su aplicación roza la infracción, como recordó el ex ministro del Tribunal Constitucional Gonzalo García. El proyecto de sanciones sigue en el congelador mientras La Moneda regatea el recorte. El padrón supera 15 millones; apenas 5 % son migrantes con cinco años de residencia y muchos ni siquiera votan por falta de información cívica. Usarlos de ficha sólo erosiona la confianza pública.
El voto obligatorio incomoda porque amplía la participación, reduce sesgos y obliga a los partidos a dirigirse al padrón completo. Recortar derechos para aplicarlo traiciona su sentido. Debatir si el voto extranjero debe limitarse a lo local es legítimo, pero en un proyecto aparte y sin pistola sobre la mesa. Ajustar reglas al cálculo no protege la elección: corroe la democracia.
Arnau Sarrà es investigador de IdeaPaís. Carta publicada en El Líbero, el 16 de julio.
