Señor Director:
La legislación vigente es particularmente estricta con quienes están inscritos en el Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos: se les retienen devoluciones de impuestos, créditos y remuneraciones; no pueden vender propiedades ni transferir autos sin pagar lo adeudado; se les niega pasaporte, licencia de conducir y beneficios del Estado; incluso, su indemnización laboral puede ser usada para saldar la deuda. Todo esto, con razón, para proteger a los niños. Sin embargo, esa misma ley establece que un deudor no puede ser candidato a alcalde, concejal o gobernador, pero sí puede postular al Congreso. En otras palabras, quienes redactaron una de las leyes más duras contra los deudores, decidieron excluirse de sus efectos. ¿No es acaso una contradicción grave que el Congreso se otorgue un privilegio que niega a todos los demás ciudadanos?
Emilia García es directora de estudios de IdeaPaís. Carta publicada en El Mercurio, el 31 de agosto