Como una “fiebre alta” calificó el economista David Bravo la situación del empleo en el país. La creación de solo 141 empleos en el último año, y la alta tasa de desocupación (8,9% en el último trimestre) dan cuenta de un mercado laboral que, tras la crisis sanitaria, nunca recuperó su normalidad.
A pesar de los intentos del Gobierno por justificar las cifras, una tasa de desempleo sobre el 8% debería preocupar a todas las autoridades. Hace seis años, en ese Chile que muchos se han esforzado en borrar, un nivel así habría sido calificado, sin duda, como signos de una crisis laboral significativa.
En Biobío, lamentablemente, el panorama es aún más preocupante que a nivel nacional. En el último reporte del INE, la desocupación alcanzó el 9,3%. Un aumento de 1,0% respecto del mismo periodo del año anterior. En doce meses, se destruyeron 4.619 empleos.
En un estudio de IdeaPaís se advierte que, en los últimos años se ha producido un desajuste importante entre el aumento de la fuerza laboral (que ha sido de magnitud moderada) y el aumento de la desocupación, que avanza a un ritmo mucho mayor. La región arrastra una deuda persistente en la creación de empleo, que impide absorber la demanda de trabajo.
Esta realidad se condice con la crisis que enfrentan las principales actividades productivas del Biobío. En 2023, año en que se produjo el mayor déficit de empleos, el sector de la construcción perdió 20.000 puestos de trabajo. El sector forestal, que aporta el 11% del PIB regional, ha perdido miles de hectáreas de plantaciones forestales y 36.000 empleos en los últimos 10 años. El cierre de la Siderúrgica Huachipato profundizó la crisis, y aunque las medidas adoptadas impidieron que el desempleo alcanzara el 11% proyectado, generó un ambiente de pesimismo e inestabilidad generalizado en el mundo empresarial y ciudadano.
Las políticas públicas impulsadas en los últimos años han elevado los costos de contratación, afectando principalmente a pequeñas y medianas empresas. El Banco Central estimó que los aumentos sostenidos del salario mínimo han producido efectos negativos en la ocupación laboral: por cada 1% de alza en el salario mínimo, se reduce en 1,16% el empleo en empresas con mayor proporción de trabajadores afectos a este salario.
La lógica diría que, ante esta realidad, los esfuerzos deberían concentrarse en bajar los costos de contratación y establecer medidas proempleo para dinamizar un mercado laboral estancado. Sin embargo, hemos visto justo lo contrario: proyectos de ley para eliminar el tope de la indemnización por años de servicio, promesas inviables de un salario mínimo de 750 mil pesos, mayores costos a las empresas (así avanzan las subastas en el proyecto de pesca, un sector clave de empleo en el Biobío) entre otros tantos. Si la mejor política social es el empleo, ¿cuánto tiempo más seguiremos postergando lo imprescindible?
Kevin Canales es director regional de IdeaPaís Biobío. Columna publicada en La Tribuna, el 15 de agosto.