Mientras se desploma la tasa de natalidad en nuestro país, crece de forma insospechada la cantidad de niños vulnerados que requieren protección del Estado. Según datos presentados por el Servicio de Protección Especializada ante la Comisión de Niñez y Familia de la Cámara de Diputados, desde octubre de 2023, todos los meses nacen menos niños en comparación con los derivados por los tribunales al sistema de protección.
Desde la creación del servicio en octubre de 2021, los NNA en residencias han aumentado de 4.457 a 5.041. En el último semestre, las licitaciones han aumentado las plazas a 48.723, con el fin de absorber las listas de espera existentes en el Sistema de Protección.
Sin contar los problemas de salud mental que padecen cada uno de los niños vulnerados, estén o no en residencias, el Sistema tiene alrededor de 45 NNA internados psiquiátricamente todos los días, con un costo mensual aproximado de 33 millones de pesos por niño. Todos los demás, difícilmente han podido ser tratados o atendidos: a abril de 2025, la lista de espera del programa de diagnóstico era de 8.355 NNA.
Normalmente estas cifras son utilizadas políticamente para dar cuenta de la incapacidad del gobierno de turno para hacerse cargo del problema que más debería dolernos -la infancia vulnerada-, pero poco se habla de la lógica que el propio Estado en sintonía con el individualismo cultural, promueve a través de sus políticas públicas. Ciertamente, el hecho de que nazcan menos niños y, a la vez, aumente el número de niños vulnerados no es una mala coincidencia o una brutal paradoja, sino el resultado de enfrentarnos a contextos familiares y comunitarios cada vez más frágiles y despojados de afecto.
Si la decisión de tener hijos se presenta exclusivamente como un proyecto de autorrealización personal más, o como un ejercicio propio de la autonomía, no puede extrañar que cuando esa experiencia no se ajusta a las expectativas o no se desea desde un inicio, el niño nacido sea visto como una carga indeseada, más que como un ser humano digno de amor y respeto.
¿Cómo hacerles comprender o valorar a los padres de aquellos niños vulnerados que esa vida indefensa es tan digna como cualquier otra, cuando se apela exclusivamente a la autonomía sobre el propio cuerpo con indiferencia de la vida que ahí se gesta? ¿Cómo abordar desde la prevención las contradicciones que genera un niño nacido contra la voluntad de sus padres? ¿Cómo superamos desde la educación las diferencias de cuna, si estas no son sólo materiales, sino de cariño y cuidado?
Podemos aumentar los recursos, mejorar los sistemas de adopción, de familias de acogida y las residencias de cuidado alternativo. Podemos generar nuevas capacidades en salud mental y poner urgencia en terminar con las listas de espera. Pero no resolveremos la crisis de la niñez si desde el propio Estado, seguimos promoviendo una lógica individualista que olvida que los niños son también un regalo -aveces no esperado-, y no siempre una mera elección.
Francisca Figueroa es investigadora de estudios de IdeaPaís. Columna publicada en La Segunda, el 03 de julio