En la Región Metropolitana ya somos 7,4 millones de habitantes en 2,7 millones de viviendas (CENSO, 2004), vivimos en una ciudad más extensa y diversa. Si el 2006 se señalaba que el Gran Santiago eran 37 comunas (Galetovic y Poduje, CEP), hoy deberíamos añadir al menos a Colina, Peñaflor, Talagante y Lampa.
No obstante esta extensión, dada la actual legislación urbana que nos regula, hay al menos unas 4.000 hectáreas no utilizadas en La Pintana, Puente Alto, Maipú, Pudahuel y Quilicura; todas con potencial para ser destinadas a vivienda y ciudad. Mientras familias de clase media han migrado a Melipilla o Colina, otras viven en espacios reducidos del centro, todo mientras persisten 4.000 hectáreas donde no hay nada. Algo no cuadra.
Si quisiéramos imaginar qué ocurriría si se desarrollaran sectores como El Mariscal en el límite entre San Bernardo y Puente Alto, si la tierra que hay entre Quilicura y Valle Grande fuera desarrollada, si Rinconada de Maipú fuera construido ¿En qué se traduciría esto?
Un cálculo conservador, considerando 100 habitantes por hectárea, da como resultado que acá podría estar el hogar de unos 400.000 habitantes, donde gran parte deberían ser casas. Serían sectores principalmente de clase media y con un fuerte componente de integración social. Algunos sitios podrían ser de autoconstrucción, pero con un Estado que planifique calles, parques y servicios. Hay pocas cosas que movilizan más que la posibilidad de ser propietario. Estos son terrenos fértiles para cumplir ese sueño.
Esta idea no es nueva. Entre el 2008 y el 2013 el GORE ya tomó la decisión de extender el límite urbano, pero con exigencias y condiciones de urbanización que han sido imposibles de cumplir. Aunque cueste creerlo, es tierra de bajo costo prohibida por la desconfianza y la burocracia. Hay miles de viviendas que no se han construido a pesar del amplio acuerdo en hacerlo.
¿Podemos revertir el legado de 17 años de restricción a la construcción de vivienda? Nos parece que no hay otro camino. El Presidente Piñera aprobó la ley de Integración Social y Territorial y en su centro se encuentra la definición de vivienda de interés público, llave maestra que podría servir como contrapeso para destrabar el desarrollo en áreas de extensión, o en el caso de lugares céntricos, la fórmula para aumentar densidades. Dicho de manera simple, más desarrollo a cambio de más viviendas de interés público. Todos ganamos.
Usar estas 4.000 hectáreas es una discusión oportuna en momentos donde nos preguntamos cómo revertir la baja natalidad o el endeudamiento de los hogares, a lo cual por supuesto debemos hacer prevenciones. Si llegan las viviendas y no llegan los servicios mínimos para dotar de vida de barrio, estamos frente a uno de nuestros mayores traumas; construir un nuevo Bajos de Mena, una nueva Parinacota u otra Villa Pucara, donde se repetirán los “Guatón Mutema” que correrán balas y serán príncipes de un Estado paralelo. No podemos volver a eso. Todo esto no significa descuidar el flanco de la densidad en los lugares centrales de Santiago y otras capitales. En esos lugares es necesario entregar soluciones habitacionales a jóvenes, a los nuevos y masivos hogares unipersonales, adultos mayores y utilizar arriendo protegido o densificar con fuerza los corredores de transporte.
Estamos en la tradicional semana de la Construcción de la Cámara Chilena de la Construcción. Se verán las caras los principales candidatos a la presidencia y el jueves asistirá el Presidente Gabriel Boric. Creemos que es un momento atingente para hablar de sí nos atrevemos a construir donde la burocracia nos tiene paralizados, dónde necesitamos que los chilenos puedan ver que un futuro con casa es posible.
Michael Comber es director de formación de IdeaPaís y Jonathan Orrego, analista urbano. Columna publicada en Ex-Ante, el 13 de mayo
