A raíz de las declaraciones de Evelyn Matthei respecto del Golpe Militar, el Presidente Boric deslizó críticas y posteos en sus redes sociales que conviene observar a la luz del cargo que ostenta. No es la primera vez que el Gobierno toma la decisión de responder a las declaraciones de los candidatos a la Presidencia. Pero en este caso, lejos de rectificar cifras o defenderse de las críticas a su gestión, tomó la ofensiva al repostear un antiguo video de la candidata donde afirma su tesis de la “inevitabilidad” de los hechos históricos de la década del 70. ¿Es esto una intervención indebida en los procesos electorales que se aproximan?
Desde luego, el debate acerca del intervencionismo electoral no es nuevo en Chile. El siglo XIX estuvo plagado de manifiestas acciones desde el Ejecutivo para favorecer a sus aliados y perjudicar a sus detractores. Era habitual identificar suplantación de votantes, manipulación de los registros electorales, lista oficial de candidatos de gobierno y una gran maquinaria propagandística en favor de los postulantes oficialistas.
Con el fin de favorecer la maduración democrática del país, se establecieron paulatinamente arreglos institucionales que limitaron la intervención del gobierno en los asuntos electorales, con un objetivo claro: evitar el uso del del Estado para servir a intereses particulares y asegurar el correcto funcionamiento de los órganos de la administración del Estado.
Entender el sentido original de la norma nos permite desentrañar la actuación del Presidente, ya que, aunque no exista en sentido estricto un vicio de legalidad en sus dichos, el cumplimiento de la ley no debe ser su único estándar de acción. Sobre todo, porque de fondo se esconde el uso de la tribuna pública de la Presidencia de la República para desacreditar a quien persigue sucederlo en el cargo. La estrategia política de Gabriel Boric, en su último año de gobierno, debe ser, por obvio que parezca, gobernar, conducir, hacer posible. No buscar el resquicio, la artimaña o la acción al filo de la ley.
La prescindencia a la que ha llamado a sus ministros no puede ser meramente declarativa. Debe asumir su tarea con la prestancia que exige la institución que representa. Su deber en materia electoral es el de asegurar las condiciones necesarias para que la ciudadanía ejerza con libertad sus preferencias políticas, dando a conocer, si es de importancia pública, información transparente, adecuada e imparcial. El gobierno debe entregar igualdad de condiciones a todos los candidatos e incentivar la participación de una ciudadanía cada vez más descontenta de la política.
Lamentablemente, hay precedentes de la poca prolijidad del Ejecutivo para afrontar las contiendas electorales. Basta recordar su activa posición en favor del texto constitucional de la Convención, que le valió advertencias de la Contraloría por actuar en el borde de la legalidad.
Cautelar que no se involucren recursos públicos para favorecer o perjudicar a tal o cual es lo mínimo. Pero la debida prescindencia es hacer que la institución de la Presidencia se mantenga fuera de la coyuntura electoral. Su prestigio y valoración, que trascienden a las personas que temporalmente asumen su conducción, deben ser bienes a los que hay que otorgarles la máxima atención y cuidado.
Kevin Canales es Director Regional de IdeaPaís Biobío. Columna publicada en El Sur, el 27 de abril
