Convulsionadas semanas ha vivido la Universidad de Concepción a raíz de las masivas movilizaciones estudiantiles. Desde hace años que no se advertían protestas y paralizaciones de esta magnitud: encapuchados cortaron calles con barricadas, hicieron “ocupaciones” de edificios, prendieron en el Arco un muñeco que simula ser el rector Carlos Saavedra y realizaron una serie de desmanes y rayados en la dependencias del plantel universitario. Más preocupante aún resultan los videos difundidos en redes sociales donde un grupo de estudiantes vocifera, sin mayor complejo, que “si no hay solución, quemaremos al rector”.
A quienes creemos en el diálogo como medio de resolución de conflictos, estas actuaciones no pueden dejarnos impávidos. La universidad es, por excelencia y desde su creación, una institución que, mediante la racionalidad en el intercambio de ideas y pensamientos, trabaja en la búsqueda de la verdad y en el desarrollo de la ciencia y la técnica al servicio de la comunidad. La universidad es el espacio idóneo para la reflexión metódica, el análisis crítico, la metodología rigurosa; no un lugar para la violencia, el descriterio o el juicio irracional.
Incluso considerando las genuinas causas que motivaron la movilización relativas a denuncias por violencia de género -que, dicho sea de paso, merecen toda la atención de las autoridades universitarias dada su gravedad- la utilización de medios ilegítimos corrompe inevitablemente el fin deseado.
Las tomas de todo tipo (u “ocupaciones de espacios”, como se les nombra eufemísticamente) son siempre inválidas y ajenas a los mecanismos democráticos, toda vez que individuos organizados, mediante el uso de la fuerza, deciden de forma unilateral, arbitraria e ilegal ocupar edificios cuya titularidad no se les ha conferido. Con ello, vulneran el derecho a la educación de aquellos estudiantes que quieren continuar sus procesos formativos asistiendo a clases y conculcan el derecho al trabajo de los funcionarios que se ven impedidos de realizar sus funciones.
Ni siquiera una votación estudiantil, en medio de la lógica asambleísta, valida el uso de este mecanismo. Una mayoría circunstancial no puede pasar por encima de derechos reconocidos y protegidos por nuestro ordenamiento jurídico. Por ello, las autoridades de la Universidad de Concepción cumplieron con su deber al solicitar el desalojo del edificio de Humanidades y así hacer efectivo el imperio del derecho.
La grave situación que se vive trae recuerdos de la retórica que justificaba la violencia como método de acción política en octubre de 2019. Solo dos días después que estallara la crisis, Carlos Peña señalaba en una columna que las nuevas generaciones parecen estar convencidas de que “su subjetividad y la intensidad de sus creencias acerca de la injusticia del mundo, valida cualquier conducta que las promueva”, indicando que esta suele ser la antesala de los peores excesos.
Cuán pertinente es releer, a la luz de estas difíciles circunstancias, las palabras del ex ministro Rolando Merino, que figuran al costado de la Facultad de Derecho UdeC: “La Universidad está siempre abierta a los cuatro puntos cardinales de la cultura y el espíritu y solo cerrada para aquellos que se manifiesten reacios al cumplimiento de sus deberes o propugnan un obcecado dogmatismo”.
Kevin Canales es Director Regional de IdeaPaís Biobío. Columna publicada en El Sur, el 25 de mayo
