Como se ha hecho habitual en los últimos años, nos encontramos ad portas de postergar nuevamente la entrada en vigencia de los nuevos requisitos para estudiar carreras de pedagogía. La ley 20.903 de 2016 que estableció estos nuevos requisitos, se fundó en un diagnóstico compartido: para mejorar la calidad de la educación, necesitamos atraer a los mejores estudiantes para ser docentes, por ello, asegurar ciertos mínimos académicos en el acceso se vuelve fundamental.
¿Por qué, entonces, parece sensato -en voz del Gobierno y las principales universidades del país- dejar sin efecto esta alza? ¿Qué nos dice esta realidad respecto del estado actual de la profesión docente? ¿Qué implicancias hay en esta discusión?
Para entender la magnitud del problema, se hace necesario recordar los detalles de la ley original. En 2016 se estableció que desde la admisión 2023 se exigiría que los estudiantes postulantes a carreras de pedagogía se ubicaran en el 30% de mejor rendimiento en la prueba de acceso a la educación superior. Aún así, el postulante podría prescindir de su cumplimiento si exhibía otros méritos académicos. Con todo, la normativa era un avance, pero aún lejos de los mejores sistemas del mundo que exigen que sus profesores provengan del 5% o el 10% de mejor rendimiento.
A pesar de ser una norma razonable, que conjugaba bien la pretensión de selectividad y protección de las matrículas, se terminó sustituyendo el 30% por el 40%, y posponiendo su entrada en vigencia para 2026. Han sido tantas las veces que se han aplazado los nuevos requisitos, que en el proceso de admisión 2025 seguimos teniendo el mismo umbral que en 2017: estar por sobre el percentil 50, que hoy se traduce en apenas 502 puntos.
La preocupación del Gobierno es que la matrícula en pedagogía disminuya considerablemente y se profundice el déficit de docentes idóneos en el sistema escolar. Datos del DEMRE estiman que el número de matrículas podría llegar a ser la mitad de las cifras actuales. Sin embargo, esto revela gran parte del problema: el grueso de los estudiantes de pedagogía provienen de los rendimientos más bajos del sistema. De ahí surge la pregunta más sustantiva de todas, sin la cual ninguna de las regulaciones existentes tiene asidero: por qué hoy la profesión docente no es atractiva para estudiantes de alto desempeño.
Diversos estudios muestran que la escasez de profesores es un problema mundial, y su abordaje constituye uno de los principales desafíos de la educación. El bajo estatus, la disminuida valoración social, el deterioro de la autoridad docente y los crecientes niveles de conflictividad en el aula son algunas causas. Sin embargo, los bajos salarios son el factor principal que explica dicha escasez (Education International, 2025).
Cualquier autoridad que realmente quiera hacerse cargo del problema, debe ocuparse prioritariamente de los salarios de los profesores. Sin ello, la carrera docente jamás será lo suficientemente atractiva, y por ende, seguiremos entrampados en la estéril discusión de todos los años: cuánto más o cuánto menos, subimos, disminuimos o aplazamos los requisitos para ser profesor. La selectividad no se decreta, se construye bajo incentivos y condiciones que permitan darle a la pedagogía el lugar prioritario que en toda sociedad debería tener.
Kevin Canales es director regional de IdeaPaís Biobío. Columna publicada en El Sur, el 27 de julio.
