Las dos almas del gobierno | Columna en La Tercera

Hace unas semanas, el Servicio de Impuestos Internos estableció la obligación de pago de IVA para plataformas extranjeras de apuestas online. Las mismas plataformas que la Corte Suprema había declarado ilegales y que el propio Ministerio de Desarrollo Social y Familia identificó como un problema de salud pública por su impacto en niños y adolescentes y en las dinámicas al interior de las familias. El ministro Quiroz defendió la medida señalando que el deber del SII es recaudar impuestos, pasando por alto la ilegalidad de las plataformas y sus nocivos efectos sociales ampliamente documentados.

La respuesta de Quiroz es técnicamente correcta. Pero esa exactitud técnica es precisamente el problema. La misión del Estado no puede realizarse sin una visión subyacente, que discrimine lo bueno de lo malo. Recaudar impuestos de una actividad ilegal es, quiérase o no, legitimarla. Lo que este episodio revela no es solo un conflicto de competencias entre ministerios, sino una diferencia más honda, una tensión que parece estar instalándose en el corazón del gobierno.

Aunque el Partido Republicano haya decidido no hacer referencia a él en campaña, su ethos es conocido: la preponderancia de la familia, el derecho a la vida, la libertad y sus garantías aparejadas, la trascendencia, el bien y la verdad como realidades objetivas. La Cuenta Pública lo ratificó al presentar las agendas de economía y seguridad al servicio de las familias, y donde la perspectiva familiar se planteó no como responsabilidad exclusiva del Ministerio de Desarrollo Social, sino como un lente, un mandato transversal desde el cual cada ministerio diseñaría, implementaría y evaluaría sus políticas.

Esa convicción, sin embargo, parece convivir con otra igualmente arraigada dentro del mismo proyecto. La idea según la cual nuestra sociedad estará mejor si se confían sus destinos solamente a las fuerzas del mercado. El crecimiento económico, el empleo formal de calidad y la inversión son objetivos cruciales y como política social, son imprescindibles. No obstante, no son bienes en sí mismos. El problema no es querer crecer, sino hacerlo sin un criterio sobre qué tipo de sociedad se quiere construir. El ejemplo de gravar a las casas de apuestas ilustra de modo claro este punto.

¿Pueden coexistir consistentemente en el seno del proyecto gubernamental, sin que la tensión entre ellas produzca resultados contradictorios, o peor aún, sin que una termine desplazando a la otra?

Hay más ejemplos. El proyecto de Reconstrucción Nacional –la iniciativa económica central del gobierno– no contiene ninguna referencia a la tributación familiar, ningún mecanismo que reconozca el costo diferenciado que los hijos imponen sobre los ingresos de los hogares. Una madre seguirá pagando los mismos impuestos que una persona sin hijos. Esa asimetría no fue considerada como una variable de diseño. Y la única medida concreta de Hacienda hacia las familias es un bono único de $30.000 pesos por hijo, que difícilmente puede leerse como una respuesta estructural a la presión económica que enfrentan los hogares.

El resultado práctico es una agenda profamilia que opera en los márgenes del diseño institucional, mientras que las decisiones con mayor impacto estructural –las tributarias, las regulatorias, las que determinan los incentivos reales de los hogares– se toman desde una lógica donde la familia apenas es una variable más.

La agenda de la ministra Wulf será exitosa en la medida de que su convicción sea puesta como eje transversal de la acción del gobierno. Si los ministerios que diseñan la arquitectura económica del país no incorporan la perspectiva familiar como criterio central, lo que resulte será, en el mejor de los casos, un gobierno con buenos propósitos sociales y una política económica que los erosiona en silencio. ¿Es posible sostener coherentemente un proyecto que se define por su visión del ser humano en comunidad, si las decisiones que afectan a la comunidad más importante se siguen tomando como si esa visión no existiera?