Legalizar para recaudar. Una apuesta que puede salir cara | Columna en El Austral de La Araucanía

Quien siga al fútbol chileno conoce bien a las casas de apuestas online. Están en las camisetas de los clubes y en los comerciales del entretiempo. La ley las prohíbe y operan desde el extranjero sin autorización, pero el Estado no ha logrado frenarlas. Es tan fácil acceder a ellas que para apostar basta descargar una aplicación y tener una tarjeta a mano.

El Congreso discute un proyecto para legalizar estas plataformas, ponerles reglas y cobrarles impuestos. A primera vista parece sensato, porque si ya están instaladas aquí, tiene lógica exigirles que respondan ante una autoridad chilena y que dejen caer en las arcas fiscales unos cuantos pesos (unos modestos cincuenta millones de dólares anuales).

El problema es que esa cuenta está mal sacada. Calcula cuánto podría embolsarse el Fisco, sin mirar lo que nos cuesta el negocio que se pretende legalizar, algo que el informe financiero ni intentó medir. Un estudio de la Universidad Finis Terrae sí sacó bien la cuenta y estimó que los costos sociales bordean los mil millones de dólares al año. Incluso en el escenario más optimista, el saldo es negativo.

Tampoco estamos hablando de un casino de toda la vida llevado a la pantalla. Son plataformas disponibles a toda hora, que registran cuánto deposita cada usuario y a qué estímulos responde para personalizar bonos que prolonguen su permanencia. Un estudio de la Corporación de Juego Responsable, Copreventive y RedPreventiva entre estudiantes encontró que uno de cada siete apostó en línea el último año, y que en promedio partieron a los quince años y medio.

Se dirá que ese daño ya ocurre porque el mercado clandestino opera igual. Es verdad, pero obliga a preguntarse si entregar licencias desplazará a los ilegales o si terminará sumando clientes nuevos, engatusados por medios de pago formales y la tranquilidad de una supuesta regulación. Es una duda que el proyecto pasa por alto.
La iniciativa, además, financia la prevención de la ludopatía con un gravamen a las mismas empresas, dejando a quien debe cuidar a los apostadores dependiendo de la billetera de quienes ganan cuando esos apostadores pierden.

Pero hay un problema aún más elemental. Tanto prohibir en serio como regular con exigencia requieren herramientas que hoy no tenemos para bloquear sitios, proteger a los menores, evitar partidos arreglados o seguir la pista del dinero. Sin capacidad real para fiscalizar y sancionar los incumplimientos, la legalización puede terminar siendo una autorización para expandir el negocio, más que una forma de controlarlo.

Cuando el Fisco sea socio del negocio y clubes y canales vivan de los auspicios de las apuestas, no habrá cómo ponerle el cascabel al gato. Convendría decidir antes si estamos dispuestos a arriesgar la salud pública por una recaudación que ni siquiera alcanza para pagar el costo del daño.