Nuestra peor bomba de tiempo | Columna en La Segunda

Hace casi 10 años, el INDH se desplegó en centros del Sename para evaluar sus condiciones. El resultado es conocido: falencias graves de calefacción, 20% de niños con retraso escolar y un 18% declaraba recibir agresiones físicas. Esta situación de extrema violencia y precarización —cuyas víctimas son los más débiles de los débiles: los niños pobres— marcó un punto de inflexión en nuestra institucionalidad, con la creación de un nuevo servicio que protegiera a niños en su infancia, inocencia, dignidad y derechos.

Esta semana pareciera ser que volvimos a fojas cero. La realidad nos demuestra, con dolor, que nuestra institucionalidad fracasa en proteger los derechos más básicos de los niños. Como observamos en un estudio reciente de IdeaPaís, el nuevo sistema no ha resuelto las deficiencias y, peor aún, ha traído vulneraciones adicionales. Y en estos días, conocimos la situación de más niños a los que Chile no protegió.

Un preinforme de Contraloría reveló que entre 2024 y 2025, al menos 12 adultos ingresaron a Chile con casi 486 niños haitianos en vuelos chárter sin la regulación adecuada, bajo la figura de “reunificación familiar”. De ellos, 64 niños están fuera de todo rastro hasta hoy.

Todo comenzó con la denuncia de un exdiputado, que en 2025 vio algo anómalo en el Aeropuerto de Santiago: un vuelo que debía traer 124 menores llegó con solo sesenta, acompañados por un puñado de tutores. ¿Cuál era su destino real? ¿Cómo pasaron nuestros controles? ¿Qué ha sido de ellos? Son infinitas las dudas que genera la estremecedora noticia de que cientos de niños fueron ingresados al país sin que hasta la fecha sepamos su paradero. Algo hasta hace poco impensado en Chile podría estar operando en nuestras narices.

El camino recorrido nos muestra elocuentemente que las reformas institucionales no son suficientes cuando la fragilidad de nuestro gigante de arena es tan abrumadora y descomunal: el Estado es incapaz de saber quién entra por nuestras fronteras y qué hace con esos niños una vez que pasaron la ventanilla de la PDI.

El trato que damos a los más vulnerables dice mucho de nosotros mismos y de la sociedad que construimos. El constante fracaso que condena a miles de niños a una seguidilla de vulneraciones sin fin es una bomba de tiempo, cuyas ramificaciones pueden ser devastadoras. El gobierno, como asertivamente describió el Presidente Kast en su cuenta pública, debe priorizar la emergencia social que vivimos.

Su mejor legado podría ser que el Estado abandone su incapacidad de prevenir y entregar condiciones mínimas en este asunto vital, para que no haya niños en residencias hacinadas, que las familias de acogida cuenten con condiciones y apoyo real, y sobre todo, que el tráfico de niños (no descartado aún) quede relegado en los libros de historia.