Los resultados del Censo 2024 aportan nuevos antecedentes que confirman una realidad que ha sido advertida recientemente: Chile está experimentando una sostenida y abrupta baja en sus tasas de fecundidad. En 1992 el 70,7% de las mujeres entre 15 a 49 años declaraba tener al menos un hijo. Hoy solo lo hace el 56,6%.
En la Región del Biobío existen resultados heterogéneos. Mientras Concepción es la séptima comuna (de las 345 a nivel nacional) con el porcentaje más bajo de mujeres con hijos (42,4%), en la provincia de Biobío prácticamente todas las comunas sobrepasan el umbral del 60%. Con todo, este descenso en el tiempo es generalizado a lo largo y ancho del país.
Estos cambios no son inocuos. Los países que viven estas transiciones demográficas encuentran fuertes disminuciones en la fuerza laboral, impactando en la recaudación fiscal y el desarrollo económico. Por ello, tienen mayores dificultades para financiar la seguridad social y las políticas de cuidados se vuelven más costosas y complejas de implementar.
Pero más allá de las nocivas consecuencias en la economía, el fenómeno refleja —y profundiza— un fuerte debilitamiento de cuerpos intermedios clave para la cohesión social, como los barrios, las escuelas, los grupos comunitarios y, sobre todo, las familias. Estas son, por excelencia, el primer espacio de socialización. Allí se produce la transmisión de la cultura y el cultivo de virtudes fundamentales, sin las cuales ninguna sociedad puede alcanzar la “vida buena”.
Este fenómeno no es puramente económico. No es el producto unívoco del aumento del costo de la vida, ni de un análisis racional costo-beneficio que sugeriría el pensamiento económico para explicar la conducta del individuo. Si ese fuera el caso, muchos de nuestros padres y abuelos, que vivían en condiciones materiales mucho más precarias que las actuales, jamás habrían optado por formar familia y tener hijos.
Entonces, ¿qué explica esta realidad? Sobre todo, existe un cambio cultural. La promesa de la modernidad es la de la autonomía; es la idea de desplegar un proyecto de vida individual disociado de consideraciones de bien común. Para ello, habría que desprenderse de estructuras coercitivas, dentro de las cuales está la familia y el ejercicio de la maternidad y la paternidad.
Por la multicausalidad del asunto, no basta con implementar políticas de incentivos económicos particulares, cuyo impacto, en el mejor de los casos, será acotado y transitorio. El abordaje debe ser integral. Junto con saldar las deudas pendientes en el mercado laboral de las mujeres y fortalecer las políticas de conciliación trabajo-familia y de corresponsabilidad parental, se debe establecer una cultura en la que la reivindicación y valoración de la familia y los hijos sea un proyecto país, un ideal común compartido; no un costo personal pernicioso, sino una valiosa y necesaria contribución a la humanidad.
Kevin Canales es Director Regional de IdeaPaís Biobío. Columna publicada en La Tribuna, el 09 de mayo