La casa siempre gana | Columna en Fast Check

Si el Gobierno quiere defender la regulación en nombre de los menores de edad, debe estar dispuesto a limitar de verdad la industria que pretende autorizar.

Foto que muesta en la pantalla de un celular un juego tragamonedas de casino online, en la columna de opinión "La casa siempre gana" de IdeaPaís.

Foto: Imagen de Pexels / [Banco de imágenes]

“Yo no acepto que el subsecretario venga a decirnos que votar a favor de esto [la prohibición] es en contra de los niños. Eso no se lo acepto. Trabajé 20 años en las poblaciones que usted ni conoce”. Con estas palabras el senador Ossandón justificó votar a favor de la admisibilidad de las indicaciones que prohibían las apuestas online, en vez de regularlas, tal como proponen las indicaciones del Gobierno.

En efecto, el subsecretario Vallebona, al ver que no se declararía la inadmisibilidad que sugería la Secretaría y que se votaría en un escenario de casi absoluta minoría, quiso defender la propuesta del Ejecutivo apelando a que sólo así resultarían protegidos los menores de edad. Craso error invocar a los niños, cuando el diseño propuesto no está a la altura de ese argumento.

Para ser justos, la nueva propuesta del Ejecutivo constituye un avance en la protección de los menores de edad respecto del proyecto original. Sin embargo, sigue siendo insuficiente. Si bien se prohíbe la publicidad de las plataformas, se contempla un régimen transitorio de hasta un año para mantener los contratos publicitarios ya celebrados, con ciertas restricciones de horario y contenido. Cuesta entender que, reconociendo los riesgos de exponer a niños y adolescentes a la publicidad de apuestas, se prolongue esa exposición, con plataformas que hoy operan ilegalmente, hasta doce meses después de publicada la ley que las pretende regular.

Así también, mientras el Ejecutivo declara su intención de proteger a los menores y prevenir la ludopatía, propone un sistema que permitiría la entrada de un número ilimitado de operadores, en lugar de licitar un número limitado de cupos. El argumento es que quienes no ingresen al sistema formal permanecerán en el mercado ilegal. Pero eso ocurrirá igualmente con quienes no cumplan las condiciones que el Estado fije, por lo que las herramientas de persecución deben construirse de todas formas.

A ratos se pretende hacer creer que se trata de una actividad económica cualquiera; de hecho, se usa mucho la comparación con Uber, como si el potencial de ludopatía fuera comparable con el traslado de pasajeros. Pero las apuestas online tienen un potencial adictivo que justifica un tratamiento diferente al de otros mercados. A mayor número de plataformas, mayor competencia e incentivos para captar y retener usuarios, aumentar la frecuencia de las apuestas y expandir el consumo. Si el objetivo es realmente proteger a los niños, la regulación debe estar orientada a ello y no a facilitar la expansión de la industria.

La misma contradicción aparece en materia tributaria. Las nuevas indicaciones reducen la carga efectiva sobre los ingresos brutos del juego desde cerca de un 42% a un 22%, IVA incluido, y eliminan los aportes específicos al deporte y al juego responsable. Resulta difícil justificar una carga tan reducida para una actividad que el propio Ejecutivo reconoce como potencialmente adictiva. Chile ya aplica impuestos especiales al alcohol y al tabaco: ¿por qué el criterio no es igualmente exigente para las apuestas online?

A pesar de que la propuesta del Ejecutivo es insuficiente, lamentablemente, las indicaciones de los senadores que optan por la prohibición tampoco resuelven el problema. Al ser iniciativas parlamentarias, no pueden incluir uso de recursos ni de institucionalidad, por lo que difícilmente saldremos del statu quo, e incluso podría generarse un escenario peor: permitir el monopolio por parte de la Polla, Lotería y los casinos, sin una regulación estricta asociada, ni capacidades del Estado para hacer cumplir la ley.

Si el Gobierno quiere defender la regulación en nombre de los menores de edad, debe estar dispuesto a limitar de verdad la industria que pretende autorizar. Así también, los senadores, deben comprender que mantener la situación actual no va precisamente en beneficio de quienes dicen defender. Y mientras no se pongan de acuerdo, la casa sigue ganando.

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