Ultraderecha | Columna en El Sur

Es tal el extravío de la izquierda chilena que sólo parece haber encontrado en la “ultraderecha” una explicación para su derrota. Camila Vallejo volvió a la primera línea en el podcast Animales Políticos donde utilizó una y otra vez esa categoría para describir al Gobierno de José Antonio Kast. La etiqueta le sirve incluso para interpretar el fracaso del proceso constituyente, donde dice que una de sus autocríticas es haber subestimado el enorme poder político que tendría este sector.

Si la oposición realmente quiere reconstruir su proyecto político, debería intentar comprender con honestidad qué clase de Gobierno tiene enfrente. Convertirlo simplemente en un antagonista radical permite eludir preguntas esenciales. ¿Por qué el progresismo perdió apoyo, y particularmente en sectores populares? ¿Qué aspectos de su proyecto fueron rechazados y qué alternativa pretende ofrecer?

La desorientación de la izquierda pudo apreciarse durante la discusión de la megarreforma, donde sólo supimos de su existencia por sus peleas internas y no por sus propuestas para Chile. Podía negociar, corregir y disputar el contenido de la reforma. Prefirió, en cambio, negarle la sal y el agua al gobierno e instalar la idea de que dialogar equivalía a legitimar a la “ultraderecha”. Su última esperanza quedó sujeta paradójicamente en el Tribunal Constitucional, cuyo control preventivo intentó eliminar por años bajo la idea de que corrompía las mayorías democráticas del Congreso.

Además, llamar “ultraderecha” a este Gobierno no puede limitarse a la identificación de posiciones severas en migración, seguridad o economía. La categoría suele asociarse no solo a liderazgos políticos que usan un modo estridente de hacer política (donde la exministra Vallejo reconoce la mesura de Kast, aunque sin concederle mayores credenciales) sino también que mantienen una relación instrumental con la democracia: deslegitiman las elecciones, hostigan a la prensa, buscan capturar los tribunales o utilizan las facultades del Estado para debilitar a sus adversarios. Hasta el momento, no existe ninguna acción u omisión del Gobierno que permita afirmar tal cosa.

Esto no significa pasar por alto aspectos cuestionables de su programa original, especialmente algunas propuestas en migración y seguridad que podrían entrar en tensión con garantías constitucionales y la protección de la dignidad humana. Sin embargo, esas posturas más radicales cedieron rápidamente a la realidad institucional, las mayorías democráticas y a la conformación del gabinete más amplio desde el retorno a la democracia.

Es probable que la oposición mantenga esta retórica. Cuando falta una definición política y doctrinaria, resulta más sencillo describir al adversario que verse a sí mismo. Pero que la izquierda democrática — la misma que gobernó con éxito el país durante dos décadas— permanezca sin brújula no es una buena noticia. Una democracia necesita una oposición capaz de fiscalizar, proponer y dialogar; una oposición que sepa qué defiende y hacia dónde quiere conducir al país. Sin esa claridad, es imposible que la política contraponga proyectos y ofrezca un rumbo común para Chile.