El precio de la apuesta del Estado | Columna en El Líbero

Amparado en una supuesta obligación de hacer cumplir las normas tributarias sin necesidad de calificar la licitud o ilicitud de las actividades gravadas, el Servicio de Impuestos Internos habilitó en junio una plataforma para que las casas de apuestas online se inscribieran y pagaran el IVA correspondiente, elevándose –sin pudor ni escrúpulos– por sobre el imperio de la ley. En contra de decisiones judiciales y resoluciones de otros organismos del Estado que han confirmado que el giro de estas plataformas está prohibido por ley, el órgano recaudador terminó legitimando, por vía del cobro, una actividad que el resto del Estado considera ilegal.

Mientras algunos informes sostienen que existiría un vacío legal que permitiría operar a las casas de apuestas; otros concluyen exactamente lo contrario. ¿Qué hacer, entonces? La historia aconseja cautela. Conviene recordar cómo las tabacaleras financiaron durante décadas investigaciones destinadas a mantener abierta la duda científica sobre los daños del tabaco. Algo parecido ocurre hoy con el intento de asimilar la situación de las casas de apuestas al caso Uber, como si la discusión jurídica sobre el transporte no regulado de pasajeros fuera equivalente a la que plantea una industria cuya rentabilidad depende desproporcionadamente de sus consumidores más adictos.

Que la ambición fiscal sea mayor que el balance de daños de una actividad es un asunto de larga data: ¿para qué combatir los vicios si podemos recaudar a partir de ellos? Pero las nuevas estructuras sociales y, sobre todo, los avances tecnológicos obligan hoy a una reflexión distinta de la que podía hacerse hace cincuenta o cien años. Lo que antes se consideraba un vicio individual se ha convertido, gracias a internet, los teléfonos inteligentes y el comercio global, en una industria capaz de llegar a millones de personas de manera permanente, personalizada y sin fricción alguna. Las antiguas malas decisiones individuales son hoy un problema de salud pública con consecuencias sociales de alcance insospechado. Y en sociedades con hogares más pequeños y redes de apoyo más estrechas, es cada vez menos razonable suponer que los costos de la adicción puedan quedar contenidos dentro de cada familia.

Para algunos, la solución está en el proyecto de ley, ingresado en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, que se prepara para ser resucitado. Lamentablemente no es así. Si bien mantener el statu quo actual es del todo indeseable –las casas de apuestas, además de pagar impuestos, se publicitan sin ningún tipo de fiscalización–, una regulación en esta materia debe partir, cuando menos, dimensionando el daño que la actividad genera, y diseñar desde ahí las condiciones bajo las cuales el Estado está dispuesto a permitirla.

Existe, además, un segundo problema difícil de ignorar para un gobierno que ha puesto la seguridad entre sus principales prioridades. Las apuestas online no son una simple página web en la que alguien pronostica un resultado deportivo. Forman parte de una infraestructura financiera digital en la que interactúan usuarios, operadores, procesadores de pago, proveedores tecnológicos, cuentas de terceros y empresas establecidas en distintas jurisdicciones.

Organismos internacionales vienen advirtiendo, hace un tiempo, sobre la utilización del juego y las apuestas online para lavar dinero, ocultar el origen de fondos y facilitar operaciones de organizaciones criminales. En concreto, hace una semana el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, FATF por sus siglas en inglés) publicó un informe que alerta sobre los riesgos del ecosistema de las casas de apuestas, riesgos que no desaparecen con la legalidad del operador. La atención debe ponerse en toda la cadena que mueve el dinero: en las jurisdicciones desde las que opera y en los intermediarios que hacen posible ocultar su origen o destino.

Desde esa perspectiva, la ciberseguridad a la que alude el proyecto de ley resulta bastante insuficiente, porque se limita a proteger los datos de sus usuarios, resistir ataques informáticos y asegurar técnicamente los sistemas, concentrándose en quien obtiene la licencia. Una tarea distinta, y que requiere especial atención, es impedir que la infraestructura que rodea al negocio sea utilizada para mover, ocultar o integrar recursos de origen ilícito.

Ambas problemáticas obligan a replantear los focos de la futura regulación. La pregunta nunca debió ser cuánto podemos recaudar de las apuestas online, sino cuánto daño estamos dispuestos a tolerar para hacerlo.